Interpretando que poner a disposición de los usuarios una página de Internet con carácter informativo o publicitario con un catálogo de productos o servicios de una empresa en España constituye una actividad económica, todo sitio web está obligado por la ley LSSI-CE y sujeta a su aplicación.
¿Cómo mostrar la información señalada como básica en la LSSI-CE?
Como indica la Ley en su artículo 10, la información debe estar accesible al usuario «…por medios electrónicos, de forma permanente, fácil, directa y gratuita». En el caso de una página web, bastará con incluir en ella dicha información de manera que ésta «…sea accesible en la forma indicada».
Normalmente, bastará con incluir esta información en una página interior enlazable desde cualquier lugar de la web de manera clara y visible, por ejemplo en la cabecera o en el pie, y con un nombre que aluda inequívocamente a la información de que se trate, por ejemplo Aviso Legal o, en su caso, Condiciones de Venta o de Contratación.
Nuevas figuras LSSI-CE: Servicios de intermediación
Según la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico en su Anexo indica que «Son servicios de intermediación la provisión de servicios de acceso a Internet, la transmisión de datos por redes de telecomunicaciones, la realización de copia temporal de las páginas de Internet solicitadas por los usuarios, el alojamiento en los propios servidores de datos, aplicaciones o servicios suministrados por otros y la provisión de instrumentos de búsqueda, acceso y recopilación de datos o de enlaces a otros sitios de Internet».
En definitiva, se consideran Servicios de Intermediación los prestados por empresas de hosting, desarrollo de aplicaciones, desarrollo de páginas web, social media, marketing digital, empresas de analítica de mercados, confección de bases de datos, etc.
Aunque estos intermediarios no son, en general, responsables de los contenidos que alojan, transmiten o clasifican, si que deben ser diligentes en cuanto a interrumpir o retirar un contenido ilegal. Así mismo, también incurrirán en responsabilidad si toman parte activa en la elaboración de contenidos o que, conociendo la ilegalidad de los mismos, no actúen con la debida rapidez para retirarlos o impedir el acceso a los mismos.
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